La Subasta Inversa como herramienta única, no es adecuada para adquirir productos que no están estandarizados, sin embargo si a la Subasta Inversa se le agrega un paso como el Proceso Analítico de Jerarquía (AHP), podríamos estandarizar las alternativas, entonces el proceso de adquisiciones del Estado se puede modificar sustancialmente, haciendo que estas se conviertan en procesos transparentes, justos y más expeditivos.
Unas décadas atrás, el profesor Thomas Saaty desarrolló el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y al respecto existe la suficiente literatura y software que facilitan su empleo. Para el caso de las Adquisiciones del Estado con Subasta Inversa, el AHP permitiría combinar aspectos cuantitativos y cualitativos, estandarizando de esta manera cualquier tipo de producto. Si se emplea adecuadamente la combinación de AHP + Subasta Inversa, esta mixtura facilitaría y mejoraría las adquisiciones.
Para que esta modalidad sea positiva, lo que se debe hacer previamente, es establecer el objetivo de la compra y los principales criterios que influyen en esta y luego cuantificar cada criterio para analizar en cuanto contribuye cada uno de estos al cumplimiento del objetivo de la compra del bien requerido.
Por ejemplo estableceremos para la compra de los patrulleros un posible objetivo y que este sea el siguiente:
“Adquirir vehículos patrulleros todo terreno para que operen los próximos 10 años”
Y para cumplir con el posible objetivo se establecen los siguientes supuestos criterios:
- Garantías que ofrece el vehículo (en años o Km recorridos)
- Resistencia al uso de las autopartes (material de manijas, broches, etc)
- Logística implementada (número de talleres, repuestos, etc)
- Potencia del vehículo (cuantos segundos demanda para pasar de 0 a 100 Km/h)
- Capacidad de pasajeros
- Ergonométrica y Maniobrabilidad (comodidad, radio de giro, resistencia a volcaduras, etc)
- Costo por km recorrido (incluye rendimiento de combustible, costo de mantenimiento y repuestos)
Luego se hace una valoración de criterios por la entidad pública que solicita la adquisición del producto y una vez establecida esta valoración se inicia el proceso de evaluación de las posibles alternativas. Entonces allí se identifican cuales son los productos que pueden cumplir satisfactoriamente con el objetivo. Seguidamente los especialistas de la entidad o asesores en automotores califican cada una de las posibles alternativas, tomando en cuenta los criterios establecidos, este punto podría ser el que origine reclamos de los postores, sin embargo si se escogen adecuadamente los indicadores (que estos sean posibles de comprobar) facilitaría la tarea.
Al final cada alternativa se obtendría un puntaje de estandarización que serviría como denominador para el proceso de Subasta Inversa.
A manera de ejemplo vamos a imaginarnos un posible resultado de las alternativas que se presentan a la Subasta Inversa:
- Toyota 1.31
- Nissan 1.24
- Hiunday 1.18
- Daewo 1.15
- Mitsubishi 1.09
- Auto Chino 1.01
Entonces con estos puntajes recién se puede iniciar el proceso de Subasta Inversa y el precio de cada vehículo se divide entre el puntaje obtenido, por ejemplo si el costo del Toyota es $ 13,100 se divide entre 1.31 y se obtiene 10,000 que es un ratio de Costo/Eficiencia obtenido después de calificar las alternativas y cómo estas contribuirían a cumplir con el objetivo propuesto. Para que el precio del auto chino sea considerado tendría que estar debajo de los $10,000 de lo contrario el ratio Costo/Eficiencia del Toyota sería más competitivo.
Si empleáramos la combinación de estas herramientas, el proceso sería mucho más sencillo, más objetivo y sobretodo más transparente. Estamos convencidos que esta combinación de herramientas resolvería el engorroso proceso de adquisiciones del Estado y restaría posibilidades a la corrupción. Lo que se debe revisar minuciosamente son las valoraciones de cada alternativa con respecto a los criterios establecidos para alcanzar el objetivo propuesto.
El problema de las adquisiciones del Estado, se reduciría a un esquema de evaluación técnico operativo, restando así la participación en el costo final (de los productos) de las posibles mafias que se encuentran enquistadas en las entidades públicas.
De prosperar esta propuesta, el Perú podría contar con un *15% más del presupuesto del Estado para inversión en proyectos de desarrollo.
*Cifra estimada por el Contralor de la República del accionar de la corrupción en el Perú.
